La Fiscalía General de la Nación, seccional Bolívar, confirmó este lunes 29 de septiembre la judicialización, en procesos independientes, de dos presuntos abusadores sexuales que habrían agredido a dos menores de edad en Magangué y Cartagena.
El primer caso, detalla el ente acusador, involucraría a un hombre que, entre septiembre y noviembre de 2024, habría realizado tocamientos de índole sexual a su propia hija, de 10 años.
“Los abusos se registraron cuando la menor se encontraba sola en la vivienda familiar, ubicada en el barrio Olaya Herrera de Magangué. El señalado agresor, de 47 años, fue capturado el pasado 9 de septiembre por la Policía Nacional en dicha población”, explica el organismo judicial.
En el sector La Arrocera del barrio Olaya Herrera, de Cartagena, fue asegurado otro hombre señalado de agredir sexualmente a la hija de su compañera sentimental.
Los hechos ocurrieron en 2015 cuando la víctima tenía 13 años. Consta en el proceso que el padrastro, de 35 años, al parecer, tocó y accedió carnalmente a la joven en varias oportunidades. El supuesto agresor fue capturado por la Policía Nacional en el sector de San Francisco en la capital bolivarense.
Ninguno de los investigados aceptó los cargos en su contra, y por disposición judicial cumplirán medidas de aseguramiento en centros carcelarios, precisa la Fiscalía General de la Nación.
A prisión profesor de artes que habría abusado sexualmente de dos alumnas
Por otro hecho similar, y en atención a los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de Garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Pedro Nel García , profesor y director de un taller de artes en Moniquirá (Boyacá), quien habría abusado sexualmente de dos de sus estudiantes de cinco y seis años.
Entre enero de 2020 y agosto de 2023, el docente presuntamente agredió a las niñas aprovechando que asistían a las clases sin sus padres y las intimidó para que no reportaran lo que sucedía.
Finalmente, las víctimas pusieron la situación en conocimiento de los profesores y orientadores del colegio en el que estudiaban, quienes activaron los protocolos de protección y denunciaron ante la Fiscalía.
En ese sentido, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a García en Moniquirá. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.
Los objetos que revivieron un fantasma: el perturbador hallazgo que reabrió el caso de la familia Morales en Oaxaca.
En el corazón de la sierra de Oaxaca, escondido entre el polvo de los senderos y el rumor lejano de los arroyos secos, se encuentra San Ignacio del Monte, un pueblo tan pequeño que su nombre apenas si figura en los mapas. Durante años, su historia ha sido una de silencios y rutinas marcadas por el sol y la lluvia, por el cultivo del maíz y la fe en el santo patrono. Pero bajo esa aparente calma, yacía una herida que se negó a sanar: la desaparición de la familia Morales en 1995. Un misterio que el tiempo, lejos de curar, convirtió en una leyenda sombría. Hasta que un hallazgo fortuito, siete años después, desenterró no solo los objetos de los desaparecidos, sino también los miedos más profundos de todo un pueblo.
La historia de los Morales es la de una familia discreta, de esas que no hacen ruido, pero que dejan una huella imborrable. Rogelio, un hombre de pocas palabras y mirada honesta, trabajaba la tierra con la misma dedicación con la que cuidaba a su familia. Su esposa, Candelaria, era la sal y el pan del pueblo, conocida por su delicadeza y por los panes que horneaba con cariño para la misa dominical. Sus hijos, Tomás y Lucía, eran el reflejo de esa quietud. Tomás, un chico de ojos atentos que parecía entender más de lo que decía, y Lucía, una niña inolvidable por su vestido rojo, un pedazo de tela bordado con flores que se había convertido en su distintivo, en un símbolo de su alma. La vida en su casa, en lo alto de una loma, era una sinfonias de gestos simples: el humo de la chimenea al amanecer, los pasos en el sendero, la lectura de la Biblia a la luz de las lámparas de aceite. Un cuadro de normalidad que se desintegró en un instante.
El martes 3 de octubre de 1995, una neblina cubrió el pueblo. Pero más espesa que la bruma era la ausencia de los Morales. El primero en notarlo fue Ignacio, un joven del pueblo que, al pasar por la casa de la familia, encontró la puerta entreabierta. Lo que vio dentro fue una escena congelada en el tiempo: una mesa puesta con cuatro platos de barro, camas hechas con esmero, la lámpara de aceite aún encendida. No había señales de lucha, ni desorden, ni hurto. Era como si se hubieran levantado a media mañana y hubieran decidido no volver jamás. Sin embargo, los objetos que definían a la familia no estaban: el vestido rojo de Lucía, sus sandalias de cuero y el pañuelo con las iniciales de Rogelio habían desaparecido. La policía de Tlaxiaco, en un reporte frío y burocrático, cerró el caso como “ausencia voluntaria”, una etiqueta que sonó a sentencia en los oídos de los vecinos.
Pero San Ignacio del Monte no se quedó de brazos cruzados. Hombres armados con machetes y linternas peinaron la sierra, cruzaron barrancas, revisaron cuevas y senderos. Las mujeres, con una fe inquebrantable, preparaban tamales y rezaban sin cesar. Doña Remedios, con el rosario entre los dedos, encendía velas en la puerta de la iglesia, repitiendo una y otra vez: “que regresen, aunque sea uno, pero que regresen”. La búsqueda fue infructuosa. Los Morales se habían esfumado, y con ellos, la paz del pueblo. Los rumores corrieron como pólvora: que si huyeron por deudas, que si vieron algo que no debían, que si era un castigo divino. Ninguna teoría tenía sustento, solo servían para llenar el inmenso vacío que habían dejado. La casa de los Morales, antes un hogar lleno de vida, se convirtió en una ruina silenciosa. El retrato de la familia, colocado con reverencia junto a la imagen del santo, comenzó a amarillear. Los nombres de Tomás y Lucía fueron borrados de los registros escolares. La vida siguió, pero con un luto sin velorio, con un dolor sordo y una pregunta sin respuesta que resonaba en cada rincón del pueblo.
Siete años después, en mayo de 2002, la iglesia necesitaba una remodelación. Un ingeniero había notado grietas en el muro trasero y recomendó excavar para reforzar los cimientos. El trabajo fue encomendado a un pequeño grupo de hombres del pueblo, entre ellos Hilario, un joven de 21 años, callado y observador. Mientras cavaba junto a las raíces de un higo centenario, la pala de Hilario chocó con algo suave, pero denso. Con las manos temblorosas, retiró la tierra. Lo que encontró no era un hueso, ni una tumba, sino algo mucho más escalofriante: un pedazo de tela de color rojo, sucio y rasgado, pero inconfundible.
El hallazgo se reveló en partes, como un rompecabezas de terror. Primero, el vestido de Lucía, con las flores azules, amarillas y verdes aún visibles. A un lado, una sandalia de cuero pequeña, deformada por el tiempo. Luego, un rosario de cuentas blancas roto, el mismo que Candelaria solía llevar en misa. Y finalmente, un pañuelo de tela blanca doblado con precisión, con las letras “RM” bordadas. Los objetos no estaban arrojados al azar. Estaban cuidadosamente enterrados, como si alguien hubiera querido guardarlos para siempre. Como si, en un gesto simbólico, alguien hubiera querido preservar el recuerdo de la familia, o tal vez, esconder la prueba de un crimen. La pericia policial, aunque no encontró restos biológicos, sí confirmó lo que todos en el pueblo ya sabían: esos objetos pertenecían a la familia Morales. Doña Remedios, con lágrimas en los ojos, fue la voz más fuerte, confirmando cada pieza. “Es el de Lucía”, susurró, tocando la tela con sus dedos arrugados.
El caso fue reabierto, ahora bajo la clasificación de “posible ocultamiento deliberado de pertenencias”. La pregunta que atormentaba a todos era: ¿por qué? ¿Por qué los objetos no estaban cerca de la casa de los Morales, sino en el lugar más sagrado y transitado del pueblo? ¿Por qué en un lugar tan visible y, al mismo tiempo, tan aislado? La parte trasera de la iglesia era un lugar de paso obligado para todos, pero también un rincón sombrío, oculto de las miradas indiscretas. Quien enterró los objetos sabía lo que hacía. Sabía que la iglesia era un lugar de respeto, y que nadie se atrevería a mover ese muro. Esos objetos no eran solo un hallazgo; eran una declaración.
Los investigadores volvieron a San Ignacio, pero la memoria es frágil y los rumores la habían distorsionado. Las pistas de 1995 eran ahora sombras. El delegado Julián Carrasco, en una declaración que dividió al pueblo, calificó el hallazgo como un “acto simbólico”. Pero para los habitantes de San Ignacio del Monte, no había nada de simbólico en el dolor. Era la certeza, siete años después, de que la desaparición de los Morales no había sido accidental.
El hallazgo no trajo paz, sino una nueva agonía. Si el caso hubiera quedado en el olvido, el pueblo habría podido seguir adelante. Pero los objetos desenterrados reabrieron una herida que nunca había cicatrizado por completo. La sensación de que “alguien” estaba involucrado era una presencia palpable. Pero ¿quién? Y, más importante, ¿dónde estaban los Morales? El enigma persiste, pero ahora se ha convertido en una búsqueda por la verdad. El silencio de San Ignacio del Monte ha sido roto, y la historia de la familia Morales, lejos de terminar, ha entrado en un nuevo capítulo, uno lleno de preguntas sin respuestas, de sombras que acechan en las lomas y de un pueblo que se niega a olvidar.
